
El Grupo Municipal Socialista ha presentado una moción al Pleno del Ayuntamiento de Ordizia con el objetivo de promover la accesibilidad universal en todos los productos y servicios municipales, en cumplimiento de la Ley 11/2023, de 8 de mayo, que transpone la Directiva (UE) 2019/882 al ordenamiento jurídico español.
La entrada en vigor del Título I de la mencionada ley el pasado 28 de junio marca un hito normativo en materia de inclusión, al establecer obligaciones concretas para que productos y servicios sean accesibles para todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad, en condiciones de seguridad, autonomía y comodidad.
Desde el Grupo Socialista se subraya que la accesibilidad universal no se limita a la eliminación de barreras físicas, sino que abarca también dimensiones visuales, auditivas y cognitivas. Por ello, se considera imprescindible que el Ayuntamiento de Ordizia actúe con responsabilidad institucional y liderazgo público en la implementación de estas medidas.
Entre los sectores afectados por la nueva normativa se encuentra, precisamente, las administraciones públicas que deberán garantizar que sus servicios sean accesibles desde el diseño.
La moción presentada incluye los siguientes acuerdos:
- Realizar un diagnóstico técnico de accesibilidad en los servicios municipales, tanto digitales como presenciales.
- Adaptar progresivamente dichos servicios a los estándares exigidos por la Ley 11/2023, priorizando aquellos de mayor impacto ciudadano.
- Incorporar cláusulas de accesibilidad en los pliegos de contratación pública.
- Establecer un canal de participación ciudadana para recoger propuestas de personas con discapacidad o movilidad reducida.
- Solicitar apoyo técnico y financiero al Gobierno Vasco y a la Diputación Foral de Gipuzkoa.
- Trasladar la moción a los departamentos municipales implicados, al Consejo Vasco de Personas con Discapacidad y a las asociaciones locales que trabajan en el ámbito de la inclusión.
La portavoz socialista, Ana Sánchez Herraez, ha destacado que “la accesibilidad universal no es una opción, sino una obligación legal y ética que debe impregnar todas las políticas públicas. Ordizia debe estar a la altura de este reto”.